PEMEX: ¿y los servicios médicos?
Gustavo Leal F.*
En febrero, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados se dirigió a Jesús Reyes Heroles y Carlos Romero Deschamps -director general de PEMEX y secretario general del STPRM respectivamente- para exponerles que, violando las cláusulas 89 y 99 del CCT, los derechohabientes de los hospitales regionales de la paraestatal carecían de los medicamentos prescritos -porque ellos faltaban en sus farmacias- debiendo adquirirlos de sus bolsillos. Los diputados exigieron solución inmediata al problema y la corrección de “todas las anomalías” que impiden atender eficientemente las enfermedades que aquejan a los trabajadores de la empresa “más importante para la economía de nuestro país”.
Sólo dos años antes, la Asociación Nacional de Médicos Petroleros, filial Villahermosa -en relación con unas declaraciones del, entonces director Luis Ramírez Corzo, quién estimó que aunque PEMEX contaba con la “tercera organización de servicios médicos del país, pero con ineficiencias muy importantes”, él estaba dispuesto a “prescindir” de ella, “desincorporándola y subcontratándola”- había manifestado que la causa de la “crisis” en la paraestatal “no es el servicio médico”.
Los médicos petroleros demandaron mayor presupuesto, auditar los desproporcionados salarios de funcionarios, equipo e infraestructura, apertura de plazas, capacitación y aumento a tres niveles para médicos generales y especialistas, medicamentos, pago de tiempo insalubre o riesgos profesional, seguro médico-jurídico y rechazo total a cambios arbitrarios en las jornadas de trabajo, “si de corregir las deficiencias en los servicios se tratara”.
Esta “tercera organización de servicios médicos del país” comprende 2 hospitales centrales, 6 regionales, 12 generales, 3 clínicas-hospital, 4 clínicas, 33 consultorios, 115 unidades de servicios preventivos de medicina del trabajo en centros de trabajo, 20 consultorios en centros de desarrollo infantil y 7 coordinaciones médicas de zona para la administración de los servicios médicos que se subrogan en cerca de 85 localidades. Atiende anualmente cerca de 700 mil derechohabientes y, al decir de Ramírez Corzo, representaba un gasto anual (en 2006) de 5 mil 554 MP.
Para el exdirector de PEMEX las “debilidades” de la “tercera” red nacional -casi todas atribuibles a la propia dirección de la paraestatal- consistían en: incertidumbre laboral, “elevada” rotación de personal, insuficiente y de bajo nivel tabular, “falta” de presupuesto, sobreutilización de medicamentos, ausencia de un “plan” de carrera, carencia de un esquema de evaluación del desempeño en todos los niveles para estructurar un programa de incentivos e insuficiente “supervisión” y control de los servicios subrogados.
Durante el foxismo, PEMEX otorgó tres contratos -por casi dos y medio MP- a favor de Alberto Sahagún, hermano de Martha de Fox. Ellos cubrían la prestación de servicios médicos para 600 trabajadores de Zamora en el Hospital San José porque “de los tres hospitales de la región, ese era el más apto”. Registros de Compranet y del portal de transparencia de PEMEX, mostraron que el hospital de Alberto Sahagún ganó, entre 2004 y 2005, un total de nueve contratos federales, ocho de ellos de PEMEX. Su monto máximo combinado ascendía a cerca de 13 MP. Además, seis de esas adjudicaciones fueron directas.
Para entonces, el hospital ya había sido reconocido -en solemne ceremonia encabezada por Julio Frenk- con la “certificación de calidad” a la “mejores” clínicas del País y en Zamora, el propio Fox -cuñado del galardonado- develó in situ la placa alusiva al “Certificado de Calidad”. Alberto Sahagún aseguró que él licitaba anualmente los servicios de emergencia que proporcionaba a “90 empleados” de la planta de almacenamiento de PEMEX a los que, en promedio diario, otorga entre 2 y tres consultas: “damos un servicio verdaderamente pequeño”, agregó, “no pinta; no son más de 300 o 400 personas”.
¿Y qué los servicios médicos de PEMEX tampoco “pintan”? Por algo los médicos petroleros consideran que la “desincorporación” de los servicios “no es la solución, es el camino más fácil y la posibilidad de hacer otro negocio con los recursos de PEMEX que irán a parar a manos de unos cuantos privilegiados”.
Aunque -según documentó la ASF en 2006- la jubilación mínima mensual promedio del personal sindicalizado era de 5 mil pesos mientras que la máxima del personal de confianza alcanzó los 224 mil pesos, el senador panista Juan Bueno Torio considera -temerariamente- que “una vez aprobada la reforma”, además de “resolver” las pensiones y los servicios de salud de los trabajadores sindicalizados, “se deberá constituir un fondo para atender esas demandas presupuestales”.
Y ello, sin considerar que PEMEX-Reyes Heroles adjudicó (en enero de 2008) 12 contratos, desde el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, a un hospital privado del DF por 6 MP para un servicio gamma knife y resonancias magnéticas de alta definición. Además de que PEMEX-Reyes Heroles compra medicamentos, material de curación e instrumental diverso a precios entre 25 y 35 por ciento más caros (El Financiero 10,6,08).
Pero el senador panista Gustavo Madero -quien se ha consolidado como boyante contratista al amparo de los gobiernos de Fox y Calderón, Proceso, 1650- de plano prefiere esquivar el bulto. En su tecnocrática opinión: el gobierno federal “no está en condiciones de romper con este tipo de organizaciones: como dijo Jack El Destripador, vamos por pedacitos. Hay que identificar el margen de maniobra y el tema de las pensiones del ISSSTE es un avance mayúsculo”.
- Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco
Nota de la Redacción: Este artículo se publicó en el periódico La Jornada el sábado 12 de julio de 2008
